TEGUCIGALPA. El Gobierno interino de Honduras que se instaló tras el derrocamiento de Manuel Zelaya buscaba el miércoles ganar legitimidad, pese a la creciente presión internacional para restituir al mandatario en el poder y al ultimátum de la OEA para restablecer la democracia.

Mientras Zelaya preparaba su regreso al país para el jueves, el Gobierno encabezado por Roberto Micheletti tenía previsto enviar una misión de diputados y empresarios a Washington para defender su versión de que lo que sucedió el domingo en Honduras no fue un golpe de Estado.

Zelaya fue sacado de su casa el domingo por la madrugada y conducido en un avión por militares a Costa Rica a punta de fusil, en medio de una crisis política desatada por la intención del mandatario de realizar una consulta popular que abriera el camino a la reelección presidencial.

“Tenemos fe en Dios de que vamos a recuperar la confianza de esos países que han sido los cooperantes”, dijo Micheletti a periodistas el martes por la tarde, preocupado por lo que parece ser el advenimiento de una serie de sanciones contra el empobrecido país centroamericano.

Pero, la Organización de Estados Americanos (OEA) se unió a a la condena mundial al “golpe militar” y dio un ultimátum de 72 horas al Gobierno interino para “restaurar la democracia” o suspenderá al país del organismo, de acuerdo a una resolución aprobada el miércoles.

La OEA exigió el “inmediato, seguro e incondicional retorno del presidente (…) a sus funciones constitucionales”. La declaración agregó que “no se reconocerá ningún gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional”.

El Consejo Permanente de la OEA instruyó al Secretario General de la organización, José Miguel Insulza, para que lleve adelante las iniciativas diplomáticas tendientes a restaurar la democracia y el restablecimiento de Zelaya.

“De no prosperar estas iniciativas en un plazo de 72 horas, la Asamblea General Extraordinaria aplicará inmediatamente el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Honduras”, agregó la resolución.

Insulza, junto con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, tienen previsto acompañar el regreso de Zelaya al país, pese a que las autoridades han dicho que el mandatario depuesto será arrestado bajo cargos que van desde abuso de poder hasta narcotráfico.

“Independientemente de con quien se encuentre va a proceder la policía a arrestarlo y ponerlo a la orden de los tribunales de la República”, dijo el fiscal general hondureño, Luis Alberto Rubí, a la cadena de televisión CNN en español.

Zelaya, al igual que Micheletti, es un político del Partido Liberal, pero su viraje hacia la izquierda y su acercamiento al venezolano Hugo Chávez durante su último año de Gobierno irritó a políticos y empresarios conservadores.

Pese a las abrumadoras muestras de apoyo internacional a Zelaya, los hondureños permanecen divididos entre quienes lo ven como un presidente que lucha contra las elites en favor de los pobres, y los que advierten que es un peligroso populista que busca seguir la senda radical de sus aliados socialistas.

RESPALDO Y COMPAÑIA

La postura de Estados Unidos, que durante la Guerra Fría solía auspiciar golpes de Estado en América Latina para evitar que rebeldes de izquierda tomaran el poder, será clave para el desenlace de la crisis política en Honduras.

Sin embargo, parece poco probable que la ofensiva diplomática de Micheletti vaya a tener eco en el Gobierno de Barack Obama, que se alineó con los líderes latinoamericanos izquierdistas encabezados por Chávez en la defensa del “orden constitucional” en Honduras.

“Nosotros lo reconocemos (a Zelaya) como el presidente legal, constitucional de Honduras, y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con la OEA para restablecer el orden constitucional”, dijo a Reuters Thomas Shannon, secretario de Estado Adjunto para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos.

Por su parte, el Gobierno español informó que llamó el miércoles a consultas a su embajador en Honduras, Ignacio Rupérez, con “la esperanza de que ello contribuya, en el marco de los esfuerzos internacionales en curso, al restablecimiento de la institucionalidad democrática en dicha República hermana centroamericana”.

Mientras que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó que el derrocamiento de Zelaya establece un “precedente peligroso para toda la comunidad internacional” y no será aceptado por el resto de América Latina.

“No aceptamos el regreso de los golpes en América Latina”, dijo Lula. “Tuvimos la experiencia durante la década de 1960 de enfrentar golpes militares”, agregó el martes por la noche en Trípoli, en víspera de la cumbre de la Unión Africana que se celebrará en Sirte.

La Asamblea General de las Naciones Unidas también le dio un fuerte espaldarazo el martes a Zelaya al aprobar una resolución por la que sus estados miembros no reconocerán al gobierno interino de Honduras.

El Banco Mundial, organismo en el que Estados Unidos tiene un peso predominante, informó que dejó en suspenso la aprobación de vitales préstamos para la empobrecida nación cafetalera, en un reflejo de la postura de Washington sobre la ilegalidad del derrocamiento de Zelaya.

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