BRASILIA. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso el lunes al Congreso un proyecto de ley que apunta a castigar a empresas que sobornen a funcionarios públicos, dijo el lunes la oficina presidencial.

El proyecto de ley, presentado por Lula en una ceremonia pública, responde a años de presión internacional para que Brasil cumpla con los compromisos que hizo cuando firmó convenciones de la ONU y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De acuerdo con la propuesta, una empresa que sea descubierta sobornando a funcionarios públicos locales o extranjeros pagará una multa de un 1 por ciento a un 30 por ciento de sus ingresos brutos e incluso podría ser clausurada, afirmó la oficina del presidente en una declaración.

Actualmente, las empresas que son descubiertas sobornando a funcionarios locales o extranjeros simplemente son vetadas de postular a futuros contratos gubernamentales.

El proyecto de ley también impediría que individuos procesados por fraude funden una nueva empresa y sean capaces de postular nuevamente a contratos del Gobierno.

Funcionarios de algunas empresas multinacionales que operan en Brasil se quejan privadamente de que se encuentran en desventaja debido a que las firmas locales no están obligadas por duras leyes anticorrupción.

“Ha sido una espina en las relaciones con otros países”, dijo Claudio Abramo, director ejecutivo de Transparencia Brasil, un grupo local anticorrupción con sede en Sao Paulo.

“El proyecto de ley no acabará con la corrupción, pero hará más oneroso para las empresas practicarla o tolerarla”, agregó.

ESCANDALOS DE CORRUPCION

El Gobierno de Lula se ha visto afectado por una serie de escándalos de corrupción. Varios de los más cercanos colaboradores del primer mandatario se han visto obligados a dejar sus cargos debido a acusaciones de fraude y chantaje.

Lula, un ex líder sindical, estuvo cerca de enfrentar un juicio político en el 2005 debido a que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) realizó un plan de financiamiento de campaña ilegal.

Los críticos sostienen que Lula a menudo a hecho la vista gorda a la corrupción para mantener la cohesión en su coalición gobernante y preguntan por qué esperó siete años de Gobierno para recién ahora presentar el proyecto de ley.

Aún así, la influyente Orden de Abogados de Brasil (OAB) dio la bienvenida a la propuesta, al afirmar que no sólo deberían ser castigados los que reciban sobornos, sino también los que los ofrezcan.

“Es fundamental tener un castigo efectivo para ambas partes”, dijo el presidente de la OAB, Ophir Cavalcante, quien agregó que la corrupción era el mayor desafío que enfrenta Brasil.

El país figura en el número 75 entre 180 países en el índice de percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional, el grupo global anticorrupción. Pese a la mayoría de Lula en el Congreso, la aprobación del proyecto de ley aún es incierto.

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