Por Mary Anastasia O’Grady

Después de un mes de pugnas con sus adversarios, la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner logró destituir la semana pasada al presidente del banco central, Martín Redrado. En su lugar nombró a Mercedes Marcó del Pont, una economista formada en la Universidad de Yale partidaria de que se limite la autonomía de la autoridad monetaria.

La oposición gritó en protesta al conocerse la noticia. Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, advirtió que la nueva presidenta del banco central “va a hacer lo que el ejecutivo decida, van a modificar la carta orgánica para justificar que Marcó del Pont haga lo que el ejecutivo le diga”.

Por supuesto, éste parece ser el objetivo. Redrado fue destituido por negarse a entregar US$6.600 millones en reservas del banco central a Kirchner, que quiere pagar a los acreedores extranjeros pero sin usar los fondos del Tesoro. Si quiere conservar su puesto, Marcó del Pont seguirá ahora las órdenes de la presidenta.

Kirchner no es la primera figura política del mundo que codicia el dinero disponible en la autoridad monetaria de su país. Sin ir más lejos, ahí tenemos al presidente Barack Obama, cuyo apoyó a la polémica reelección de Ben Bernanke al frente de la Reserva Federal no fue por pura magnanimidad. Bernanke conservó su trabajo porque ha mostrado buena disposición para financiar el programa gubernamental de Obama.

Aún así, los estadounidenses aún pueden esperar que instituciones rivales controlen el poder desenfrenado de un gobierno que se está viendo apoyado por el banco central. En Argentina, las instituciones son frágiles y no es ni mucho menos seguro que puedan aguantar bajo la mano dura de Kirchner.

Hay mucho en juego. Uno de los peligros es una mayor inflación, por encima del 17% en 2009. Otro es un control de poder al estilo de Hugo Chávez. El presidente venezolano es el aliado más cercano a Kirchner en la región, y su homóloga argentina no ha ocultado su deseo de copiar su modelo. A su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, se le considera el autor del programa político de su esposa.

La embestida por conseguir las reservas del banco central tiene como objetivo mejorar las posibilidades de los Kirchner de aferrarse al poder. Hasta anoche, cuando Néstor Kirchner se sometió a una cirugía circulatoria de emergencia, los analistas esperaban que él, en lugar de Cristina, postulara a las elecciones presidenciales de 2011. Lo que queda claro es que si los kirchneristas quieren retener el poder necesitan aumentar el gasto fiscal.

Como buena socialista, Cristina Fernández de Kirchner ya ha aumentado los gastos. Los ingresos no han podido mantenerse a la par ya que los aumentos fiscales han desalentado la inversión y las actividades económicas legales. En marzo de 2008, los intentos de Kirchner por incrementar los impuestos a las exportaciones de productos agrícolas desató protestas a nivel nacional.

Nada de esto hizo inmutarse a la presidenta, quien sacó el martillo. En octubre de 2008, abogó por la confiscación de US$30.000 millones en cuentas privadas de jubilación, minando aún más la confianza de los argentinos. La desconfianza en el banco central se remonta incluso más atrás. En 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner despidió al responsable de la agencia nacional de estadísticas —encargada de medir la inflación— por no alterar la metodología del organismo para maquillar así el creciente nivel de los precios.

Las elecciones regionales de 2009 demostraron la impopularidad de los Kirchner. Su sector dentro del partido peronista sufrió un revés e incluso Néstor Kirchner, quien encabezaba la lista por la provincia de Buenos Aires, fue incapaz de derrotar a su rival.

La primera reacción de la mandataria fue sacar adelante una nueva ley de medios, por la cual cadenas de radio y televisión críticos al gobierno tendrán más dificultades para renovar sus licencias; la mayoría del espectro audivisual se reservará a organizaciones sin fines de lucro y a medios de comunicación propiedad del gobierno.

Esta medida debería ayudar a controlar el mensaje, pero la presidenta sabe que, para convencer a los votantes, no hay nada mejor que efectivo. La semana pasada, el procurador general del Tesoro apeló una decisión judicial que impidió transferir las reservas del banco central al Tesoro. Si pierde la apelación, se espera la presidenta supere el problema haciendo promesas a los gobernadores provinciales para asegurarse en el Congreso los votos necesarios para cambiar la legislación. Si tiene éxito, probablemente sería el primer paso de una masiva expansión monetaria.

Los Kirchner tienen reputación de estar hambrientos de poder, y lo que les importa es aquello que hace avanzar sus intereses. Elisa Carrió, la líder de la opositora Coalición Cívica, habló por muchos la semana pasada cuando expresó su inquietud sobre la autonomía del banco central y los intereses de la primera pareja del país: “El gran debate es la inflación y el uso de las reservas para los intereses políticos del matrimonio”, dijo Carrió.

Se puede argumentar que es un despilfarro contar con altos niveles de reservas en el banco central. Evidentemente, este tema se debería debatir. Pero la presidenta Kirchner gobierna con el garrote en la mano, y la nueva presidenta del banco central ha reconocido que no tiene planes de mantener la independencia. El ex presidente del instituto emisor Alfonso Prat-Gay dijo la semana pasada que el propuesto “consejo económico”, integrado por miembros del Tesoro y del Banco Central, “es peligroso si está en manos de los Kirchner”´. Prat-Gay no está sólo.

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