SANTA TECLA. Según informó el director de Centros Penales, Douglas Moreno, a la reunión convocada el viernes por el presidente de la República en la que dio a conocer el plan de seguridad del gobierno, en las cárceles del país hay 22 mil reos y en los centros de menores hay 800 jóvenes, muchos de los cuales son miembros curtidos de pandillas en el país.

En los centros penales está el epicentro de la violencia.

No se sabe cuántos teléfonos celulares están en posesión de los 22 mil reos y los 800 jóvenes detenidos, lo que sí se sabe es que de allí emanan guías e instrucciones para la actividad criminal en todo el país.

La razón es sencilla. Muchos de los líderes de los clics o pandillas están allí, en las cárceles y son ellos los que continúan siendo responsables de conducir muchas de las extorciones y los crímenes que afuera ocurren.

¿Y cómo es que hay tantos celulares en las cárceles? La respuesta es muy sencilla. Incapacidad o corrupción de las personas encargadas, primero del acceso a las prisiones y segundo de la vigilancia adentro. No hay de otra.

La solución es terminar con la corrupción y una vigilancia tanto en el acceso como en el interior muchísima más estricta que la actual.

Ambas soluciones parecen imposibles de lograr.

Queda solamente otra solución y es bloquear el servicio de telefonía celular. Esto implica que no solo el centro penal, y allí los buenos y los malos, quedarían incomunicados, pero un área considerable alrededor del centro penal también se quedaría sin el servicio.

Hay que negociar con todas las empresas de telefonía celular para que apliquen la mejor tecnología disponible para reducir el tamaño del área afectada. Pero es preferible que varios centenares de usuarios en los vecindarios se queden sin servicio si el resultado es una disminución sensible del crimen.

Gobierno Oficializa su Plan de Seguridad

El Presidente Mauricio Funes oficializó su plan de seguridad iniciando una serie de reuniones que comenzaron el viernes por la tarde cuando convocó a propietarios y editores de medios de comunicación y a las organizaciones gremiales del país, para darles a conocer detalles del plan.

El plan del gobierno reconoce que el crimen y la violencia se han recrudecido en el país y que es la principal preocupación de la ciudadanía pero que no se puede llamar a El Salvador un “Estado fallido” y que se está a tiempo para evitarlo.

El objetivo central del plan pretende recuperar los territorios que actualmente están en manos de mareros, el despliegue de más unidades conjuntas de la Policía y el Ejército y el fortalecimiento de las unidades de investigación y reacción policial.

La implementación del plan requiere con urgencia la cooperación de todos y recursos del sector privado, además de los que el Estado le ha asignado, que solo a la PNC ha asignado $28.5 millones para la adquisición de más carros patrulla y armamento.

Como medidas inmediatas, según el director de la PNC, el plan pretende fortalecer el sistema de emergencias 911 agregándole más y mejor tecnología, el fortalecimiento de las unidades de investigación con más personal, recursos e incentivos, y el rompimiento de lo que llamaron “cadena de venganza”, es decir, las secuelas de hechos criminales o de intimidación y de las cuales derivan el 24% de los homicidios y una mejor estructura de la policía.

El presidente y los miembros del gabinete de seguridad entraron en detalles del plan, aunque Funes advirtió que hay buena parte de la estrategia que por razones de seguridad no podrá ser revelada.

El plan es el resultado de un estudio a fondo del problema y pocas son las áreas del gobierno que no tendrán participación en su implementación.

Al opinar la presidenta del Consejo de Seguridad Pública, Aída Santos, que el centro de monitoreo de las comunicaciones telefónicas debe estar a cargo de la Fiscalía y la Policía, bajo la supervisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos, plantea una posición del Ejecutivo que contradice a la fracción legislativa del FMLN que insiste que sea la PNC la encargada del monitoreo. Esta posición del FMLN ha retrasado considerablemente que la medida entre en efecto.

Las reuniones continuarán a diario, a partir de hoy, con representantes de los partidos, los sindicatos, las ONG, universidades, las iglesias, las instituciones del sector justicia, con los 262 alcaldes y Cuerpo Diplomático con el propósito que el plan tenga la mayor divulgación posible y que la ciudadanía está consciente de la necesidad que todos debemos participar para detener el flagelo que está agobiando a la nación.

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