BOGOTA. Colombia no ha hecho suficientes esfuerzos para combatir a los nuevos escuadrones paramilitares e incluso algunas fuerzas de seguridad son tolerantes frente a estos grupos responsables de violaciones a los derechos humanos, denunció el miércoles Human Rights Watch.

En su informe “Herederos de los paramilitares: La nueva cara de la Violencia en Colombia”, el grupo advirtió del impacto que la situación podría tener en la intención de Colombia de que el Congreso de Estados Unidos ratifique un Tratado de Libre Comercio firmado entre los dos países.

“El Gobierno de Uribe no ha abordado el surgimiento de los grupos sucesores con la seriedad que amerita este problema”, dijo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

“El Gobierno ha tomado algunas medidas para enfrentarlos, pero no ha hecho un esfuerzo sostenido y significativo por proteger a los civiles, investigar a las redes criminales de estos grupos e identificar a sus cómplices y bienes”, agregó.

Según el informe, las nuestras estructuras paramilitares son responsables de asesinatos, masacres, desplazamientos forzados, violaciones sexuales, extorsiones y generan una clima de amenaza contra las comunidades bajo su influencia.

Entre el 2003 y el 2006 el Gobierno del presidente Alvaro Uribe mantuvo una negociación de paz con los escuadrones paramilitares de ultraderecha, responsables de miles de asesinatos y atropellos contra civiles en medio de su guerra contra los rebeldes de izquierda, que permitió que más de 30.000 combatientes entregaran las armas y se desmovilizaran.

DURA RESPUESTA DEL GOBIERNO

El Gobierno colombiano rechazó el informe de HRW y aseguró que sí ha respondido a su obligación de combatir las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico que intentan ocupar espacios geográficos que antes controlaron los paramilitares.

El ministro de Defensa Nacional, Gabriel Silva, dijo que el informe desconoce “de manera flagrante los esfuerzos del Gobierno y la Fuerza Pública por cumplir estrictamente la política de derechos humanos y el respeto del Derecho Internacional Humanitario, reconocidos por importantes organismos independientes”.

“El Ministerio de Defensa rechaza las afirmaciones del informe que insinúan una supuesta complacencia del Gobierno o sus instituciones con las bandas criminales”, agregó un comunicado que anunció la cancelación de una reunión prevista entre Silva y Vivanco.

La mayoría de combatientes paramilitares que se desmovilizaron quedaron en libertad y regresaron a actividades criminales, mientras que los principales comandantes fueron extraditados a Estados Unidos acusados de incumplir los acuerdos y se reincidir en actividades de narcotráfico.

Según el grupo de derechos humanos, la mayoría de estructuras paramilitares reaparecieron vinculadas activamente con el narcotráfico y actualmente al menos nueve escuadrones con unos 4.000 combatientes tienen presencia en 173 municipios de 24 de los 32 departamentos de Colombia.

“No vemos un esfuerzo del Estado colombiano para afrontar este problema, al contrario, creemos que existe una actitud bastante pasiva y un discurso dirigido a minimizar la relevancia de este problema”, aseguró Vivanco.

El presidente Uribe sostiene que la negociación de paz permitió acabar con los escuadrones de ultraderecha que surgieron en la década de 1980 como ejércitos privados financiados por ganaderos, terratenientes, empresarios y narcotraficantes para defenderse de la guerrilla.

Esos grupos armados contaron con el apoyo de algunos efectivos de las Fuerzas Armadas y lograron expulsar de varias regiones del país a la guerrilla después de sangrientas confrontaciones que cobraron miles de vidas.

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